Tía María: 60 días son insuficientes

Autor: Regiones

21 de mayo del 2015

POR ANDREA MONCADA     

La suspensión del proyecto minero Tía María por 60 días no dará tiempo suficiente para apaciguar las tensiones entre la población, la empresa y el Estado, y permitir un nuevo espacio de diálogo, afirmaron analistas y especialistas en relaciones comunitarias a SEMANAeconómica.

Fijar un plazo a la suspensión del proyecto ha sido una decisión contraproducente de parte de Southern Copper, coinciden las fuentes. Sandro Venturo, gerente general de Toronja –agencia de comunicaciones que trabajó las relaciones comunitarias de Yanacocha entre el 2009 y 2010– opina que la oposición a Tía María ha generado tal nivel de paralización en Arequipa que ya no existe margen para llegar a acuerdos entre la empresa y la población. Fijar una fecha a la suspensión “es una actitud que no denota realismo”, agrega José Luis López, analista de conflictos sociales y coordinador del Grupo Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible. “Se hubiera implementado una suspensión indefinida hasta llegar a un acuerdo”, sostiene Eduardo Dargent, politólogo de la PUCP, para quien “es muy difícil que en 60 días se resuelvan problemas que vienen de una desconfianza muy arraigada y de larga data respecto al manejo ambiental de la empresa”.

La oposición tiene una postura tan extrema que no acepta otra salida que la cancelación total del proyecto. La presidenta regional de Arequipa, Yamila Osorio, propuso que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) revisara el estudio de impacto ambiental (EIA). En el 2011, la Unops revisó el primer EIA del proyecto Tía María –bajo el encargo del Ministerio de Energía y Minas (MEM)– y realizó 138 observaciones, lo que impulsó al gobierno de Alan García a no aprobar el EIA. Un nuevo EIA fue presentado a finales del 2013 y aprobado por el MEM en agosto del 2014, pero una nueva revisión a cargo de la Unops podría dar confianza a la población de que el proyecto ha sido evaluado por un tercero independiente –similar al peritaje que se realizó sobre el proyecto Conga–. Si bien esta medida quizás satisfaga el interés del Estado y de Southern Copper, no será legítima para los opositores acordada en conjunto, según el ex vicepresidente de BHP Billiton en el Perú, Lucio Ríos.

Alcanzar una solución se complica cuando no hay claridad sobre los roles que el Estado y la empresa deben cumplir respecto a las concesiones y actividades mineras. El primer responsable en este conflicto es el Estado, afirma Sandro Venturo, pues ha cumplido su rol como representante de todos los peruanos al no implementar un espacio para las relaciones entre la empresa y la población; le dejó esa responsabilidad a Southern Copper.

 

Otros, como Eduardo Moane, presidente de Cambridge International Consulting Perú –consultora de negociación que ha asesorado a mineras– creen que como el Estado no tiene la capacidad de llevar a cabo relaciones comunitarias entre las mineras y la población, esa deficiencia la cubre la empresa. El error, dice Moane, es que las empresas no saben comunicar los beneficios de la minería a la población, ni saben publicitar los proyectos que han hecho en las localidades donde se encuentran. “La falla de la minería como sector es su incapacidad de consolidarse como una industria que genera valor para el Perú. Si no se logra esto, se va a volver insostenible la minería en el país”, precisa.

Se pinta así un panorama negativo para Tía María. “No sería sorprendente que se alargue la suspensión más allá de los 60 días”, finaliza Venturo.

 

Fuente: SEMANAeconómica.com (20-05.15).

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