Venta de Doe Run: la espera desespera II (comentario)

Autor: Walter Alejandro

10 de julio del 2015

En las últimas semanas, las marchas y contra marchas en el proceso de venta de los activos de Doe Run Perú (DRP) concitan más la preocupación no solo de los trabajadores, población de La Oroya y del gobierno, sino también de un sector de ciudanía. Pues de no concretarse la venta, pende la amenaza de que en cualquier momento se bloque la Carretera Central, con todos los contratiempos y costos que ello genera.

De acuerdo al cronograma modificado: el 19 de junio, los postores interesados en los activos de DRP debían entregar el 1er sobre informado sobre su situación empresarial y financiera; el 23 de julio, el 2do sobre con sus propuestas económicas; y el 4 de agosto se daría la buena pro.

Llegado el 19, los postores no presentaron sus sobres, y más bien solicitaron que previamente se apruebe el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO). Considerando que este instrumento y su respectivo Plan de Manejo Ambiental (PMA), debe contener el cronograma y los montos de inversión de las acciones que deben ejecutarse para corregir y mitigar progresivamente los impactos ambientales, es lógico que los postores quieran saber anteladamente a qué atenerse. Y, en función de ello realizar sus ofertas económicas.

El plazo para aprobar el IGAC era hasta el 7 de julio. De ahí la exigencia y movilización de La Oroya. Desde el MINEM informaron que la evaluación tomaría unos días más, pero aseguran que el cronograma general no se modificaría (nosotros tenemos nuestras dudas). La demora se entiende si tenemos en cuenta que recién, el 24 de junio, DRP absolvió las 177 observaciones a su IGAC.

Igualmente se entiende la preocupación de los trabajadores y población de La Oroya. Pero no parece prudente que un instrumento de gestión ambiental eminentemente técnico se apruebe a toda prisa por presión política.

Aunque parezca una redundancia decirlo, estamos hablando de una de las ciudades que en su momento fue catalogada como una de las más contaminadas del planeta. Recuérdese que las denuncias de contaminación y afectación a la salud llegaron hasta el Tribunal Constitucional y la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y, que en Estados Unidos se inició un proceso judicial contra el dueño de DRP por la afectación a 1.760 niños y niñas quienes espera una adecuada indemnización.

Es lo que ahora debe evitarse con el reinicio de las operaciones del CMLO: los impactos al ambiente y la salud de la población de La Oroya. Las acciones contempladas en el IGAC y su PMA tienen ese objetivo. Por tanto, ¿no debería evaluarse cuidadosamente este instrumento de gestión ambiental?

 

 

 

 

 

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