Se necesita una cruzada contra la permisología

Autor: Regiones

16 de enero del 2014

Gonzalo Prialé, Presidente de AFIN y vicepresidente de la CONFIEP

Tras dos años de inacción, el Gobierno decidió encarar la desidia burocrática y la parálisis de proyectos de asociaciones público privadas (APP) y dictó medidas para destrabarlos.

El 2013 se dictaron buenas normas, como la Ley 30056, y otras sobre expropiaciones y obras por impuestos. También se creó un equipo especializado del MEF para solucionar trabas específicas en proyectos de APP, ya que las buenas normas no bastan porque suelen quedarse enredadas en la telaraña burocrática. El MEF hizo un buen trabajo en estos aspectos.

En el tema regulatorio se aprecia una tendencia a la sobrerregulación que terminaría desalentando las inversiones y afectando la calidad del servicio en varios sectores. En telecomunicaciones, las exigencias de calidad y las continuas multas del regulador a los operadores se estrellan con la realidad de muchas municipalidades, que no admiten a trámite solicitudes para la instalación de antenas, u ordenan desmontarlas.

Este año, estaremos ante una cartera de proyectos de APP adjudicados muy grande. Unos $11,044 millones, considerando las adjudicaciones recientes más tres grandes proyectos a concursarse, tras varias postergaciones, en febrero del 2014 (Gasoducto del Sur, Aeropuerto Chincheros y Línea 2 del Metro de Lima).

Un enorme reto para todos, Estado y privados. Ahora empieza lo bueno: una guerra santa contra las barreras burocráticas y municipales.

¿Cómo enfrentarlas? Primero, desarrollar el artículo de la Constitución que establece la autonomía de las municipalidades para acotarla dentro de los límites del interés público y subordinarla en caso de proyectos de alcance nacional, con intervención de la Contraloría.

Segundo, el Estado debe concluir con celeridad las expropiaciones necesarias en cada proyecto, y encargárselo a ProInversión, porque nadie en el Estado parece sentirse responsable.

Tercero, adecuar las normas para que a la firma del contrato de APP, unos seis meses después de la adjudicación, el concedente o ProInversión entregue al concesionario todos los permisos genéricos temporales necesarios. Una vez completada la ingeniería de detalle que se elabora tras la firma del contrato y es aprobada por la autoridad competente, el concesionario canjearía automáticamente los permisos temporales por permisos definitivos, específicos y detallados.

En el 2014 sería oportuno anunciar un programa de cinco años (2014-2018) de APP a razón de $12,000 millones por año en proyectos de interés nacional o regional, autosostenibles y cofinanciados, equivalentes al 6% del PBI anual, incluyendo líneas del Metro de Lima, tramos de la Longitudinal de la Sierra, hidroeléctricas, ferrovías, hospitales, cárceles, etc. Continuar promoviendo inversiones con programas de uno o dos años es insuficiente. Necesitamos posicionarnos en el mapa global de países atractivos para las grandes inversiones en infraestructura, y en este sentido un programa de cinco años es una señal clara de continuidad y estabilidad.

Finalmente, sería necesaria una norma sobre iniciativas privadas cofinanciadas (IP) para acotar sus requisitos básicos, así como listar los sectores o los proyectos de interés donde las IP serían bienvenidas, como por ejemplo los tramos de la Longitudinal de la Sierra. Si se lograra materializar $28,000 millones en IP en el periodo 2014-2018, la brecha de infraestructura estimada por AFIN en $88,000 millones estaría cerrada al 2021, cuando concluyan las obras de las APP adjudicadas al 2018. Y el PBI crecería sostenidamente al ritmo de 8% anual, porque estas grandes obras agregan 2% al potencial de crecimiento de nuestra economía y su efecto es perdurable.

 

Fuente: CONFIEP 6.01.14

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